Ovalle Hoy

Reforma propone además cambios en los requisitos de acceso a becas para los estudiantes más vulnerables; un nuevo cálculo de los aranceles de referencia; y el financiamiento, por parte de las instituciones de educación superior, de la brecha entre aranceles reales y de referencia.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, se reunió esta mañana con el ministro de Educación, Harald Beyer, para abordar un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, a través de una agencia especializada que se hará cargo del diseño, administración y provisión de fondos de este nuevo sistema integrado.

Durante el encuentro, el Mandatario le encomendó al titular de educación que anuncie esta reforma “no solamente a los estudiantes, sino que también a sus familias y al país entero, lo que significa esta reforma que es, a mi juicio, el corazón del modelo de sociedad que queremos tener. Porque aquí hay calidad y equidad, igualdad de oportunidades y, además, creación de oportunidades”.

Asimismo, destacó que a través de “extender la subvención escolar preferencial a la clase media y a la educación media, estamos agregando un segundo pilar a esta reforma educacional, que es la reforma a la educación escolar” y agregó “si le sumamos nuestro compromiso de garantizar la cobertura cien por ciento, y gratuita a los estudiantes de clase media vulnerables a nivel preescolar -kinder y prekinder- tenemos una reforma a todos los niveles de la educación. Esa es su tarea, ministro”.

El nuevo sistema crediticio será administrado por el Estado y tendrá una tasa de interés única del 2% anual. Llegará al 90% de los estudiantes, dejando fuera solamente al 10% más rico del país. Los créditos serán entregados por el Estado, asegurando que los recursos vayan directamente a los estudiantes, sin tener que mediar con otras instituciones. Las cuotas se deberán comenzar a pagar una vez que se empiece la vida laboral y no sobrepasará el 10% promedio de sus ingresos futuros.

En el caso de las becas, el proyecto propone una disminución en los puntajes PSU para acceder a ellas, dependiendo del nivel socioeconómico del estudiante. El requisito actual de 550 puntos bajaría a 500 para el quintil 1 y a 525 para el quintil 2, permitiendo mayores oportunidades de acceder a ellas. Esta medida sería aplicada a partir de 2012 para los estudiantes de primer año, lo que podría beneficiar a más de 15 mil alumnos.

Tanto las becas como los créditos entregados por el Estado cubren hasta el arancel de referencia de cada carrera. Sin embargo, hay muchas carreras e instituciones cuyos aranceles reales sobrepasan este monto. Por esto, se propone que las instituciones de educación superior financien esta brecha de aranceles a través de becas o créditos. En este último caso, deberá ser bajo las mismas condiciones que la proporcionada por el Estado.

Este cofinanciamiento de parte de la institución sería gradual, de acuerdo a la condición socioeconómica del estudiante: Financiamiento total de la brecha para los quintiles 1 y 2, y una proporción menor de financiamiento para los estudiantes de ingresos medios.

También se establecerá una nueva forma de calcular los aranceles de referencia, incluyendo nuevas variables como el nivel socioeconómico del estudiante y características de la carrera como: duración, empleabilidad y deserción. De esta forma, se establecerán aranceles de referencia más justos y acordes a la realidad de cada carrera e institución.

Cerca de 1000 campesinos de las comunas de Río Hurtado, Punitaqui, Combarbalá, Vicuña, Paihuano y Canela han sido beneficiados con forraje y productos antiparasitarios

El pasado 03 de mayo, en la comuna de Río Hurtado, se realizó la primera entrega de ayuda del gobierno, a través de INDAP, a campesinos de la región con el objetivo de mitigar los efectos de la sequía. Desde entonces, cerca de 1.000 crianceros han recibido forraje e insumos veterinarios para desparasitar su ganado.

En la Provincia de Limarí más de 400 crianceros han recibido la ayuda en las comunas de Río Hurtado, Punitaqui y Combarbalá, a través de la entrega de 1.931 sacos de cubos de alfalfa y más de 700 frascos de productos antiparasitarios.

Durante la próxima semana se beneficiará a los campesinos de las comunas de Monte Patria y Ovalle, cubriendo la totalidad del territorio provincial en un procedimiento de entrega que destaca por lo oportuno y por la amplia cobertura.

La gobernadora Susana Verdugo manifestó su sentir frente a este apoyo que brinda el gobierno “me siento muy satisfecha de poder estar entregando apoyo por la sequía a nuestros crianceros de la comuna y región con forraje de alta calidad y también antiparasitario que es muy importante para que los animales superen el invierno. Agradecer a INDAP por llegar tan a tiempo con estos recursos que son tan necesarios para nuestros crianceros de la provincia”.

Edgardo Díaz Director (s) Regional de INDAP manifestó “a una semana del inicio de entrega de ayuda a nuestros campesinos, estamos muy contentos por la amplia cobertura alcanzada en la región llegando a cerca de 1.000 beneficiarios. Los equipos profesionales se han desplegado de manera eficiente y eficaz, para llegar oportunamente con el forraje y los productos antiparasitarios respondiendo a las necesidades de nuestros crianceros y a nuestro compromiso permanente con la agricultura familiar campesina”.

En este mismo contexto, la máxima autoridad regional del INDAP destacó que además de la emergencia agrícola INDAP está enfocado en medidas de mediano y largo plazo para mitigar efectos de la sequía “nosotros seguimos trabajando a través de una serie de herramientas que nos permiten contribuir a un uso más eficiente del recurso hídrico mediante la conducción y acumulación del agua. Asimismo, contamos con el programa de alianzas productivas y los programas territoriales como el Prodesal y Padis y con esto podemos generar mayor cobertura y calidad de nuestras inversiones en el entorno rural”.

En el municipio local manifestaron su satisfacción por los resultados del estudio realizado por el Consejo de Transparencia en el marco de la ley que regula especialmente la entrega de la información y el acceso a los trámites.

De acuerdo a los datos medidos por el Consejo de Transparencia, ( ver http://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/artic/20120427/asocfile/20120427111106/fiscalizacion_municipal_ab2012.pdf) en el marco de la ley que regula la información municipal, Ovalle logra un 66,13% de los objetivos. Esto se compara favorablemente con el 30, 26 por ciento de promedio de las municipalidades del país.

El ranking, que esta vez midió el marco normativo y regulatorio que tengan efectos sobre terceros y subsidios, controles sobre bases de datos de auditorías y contraloría; y mecanismos de participación ciudadana, ubicó en los primeros lugares a los municipios de Peñalolén y San Bernardo.

En la región en tanto, sólo Combarbalá que logró un  67,29 %,  supera a Ovalle que alcanzó un 66,13 de cumplimento.

A nivel nacional, la municipalidad local obtiene el puesto 31 entre 345 municipios analizados, mientras que entre los municipios de su misma complejidad Ovalle ocupa la novena posición.

Resultados, que a juicio de la alcaldesa Marta Lobos “demuestra el esfuerzo que se está haciendo para adaptarse a las nuevas exigencias. Nuestro compromiso es transparentar toda la información posible y en ello hemos estado trabajando. Estos resultados son un incentivo importante, pero sin duda, queremos mejorar en beneficio de la transparencia y de la información para nuestros vecinos”.

La falta de antecedentes para llevar adelante la investigación es una de las principales causas para que el Ministerio Publico archive causas judiciales, por delitos denunciados por las personas que han sido víctimas de ellos, avisando vía carta a las víctimas de esta decisión y en ocasiones sin siquiera entrevistarse con ellas.

Para reforzar el derecho de las víctimas de “ser oída, si lo solicitare, por el fiscal antes de que éste pidiere o se resolviere la suspensión del procedimiento o su terminación anticipada” y para poder tener mayores antecedentes para la investigación, el Diputado Matías Walker presentó un proyecto de ley que establece la obligación del fiscal de escuchar a la víctima, cuando ha denunciado los delitos, antes de archivar la causa.

Junto a los Diputados Cristian Letelier y Marcela Sabat, el diputado Walker, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, presentó esta moción señalando que “muchas veces las víctimas de un delito acuden a denunciarlo recién pasado el hecho y en la denuncia no siempre constan todos los detalles o circunstancias que rodearon al delito en cuestión, producto de lo cual la víctima debiera ser oída por el fiscal antes del archivo de los antecedentes, sea para que ésta ratifique la denuncia y los términos en que ésta fue efectuada, o bien para aportar mayores detalles y antecedentes para la futura investigación de la causa”.

El proyecto de ley incorpora un nuevo inciso segundo, tercero y cuarto al artículo 178 del Código Procesal Penal, estableciendo que: “El denunciante que, a su vez, es víctima del  delito que pone en conocimiento del ministerio público, tendrá derecho a ser oído por el fiscal de la causa, dentro de las 48 horas siguientes a ser recepcionada la denuncia por parte del ministerio público, con el objeto ratifique los términos de la denuncia efectuada o aporte nuevos antecedentes para la investigación de la misma”.

Se agrega en el proyecto que esta obligación “procederá sólo en aquellas denuncias que digan relación con los delitos cometidos en contra de la propiedad, cuando el valor de lo hurtado o robado exceda las 40 UF o la denuncia se refiera a delitos cometidos en contra del orden de las familias, la moralidad pública o en contra de  las personas”.

El inciso cuarto establece que sólo “Si la víctima no acudiere dentro del plazo establecido en el inciso anterior, el fiscal podrá proceder en los términos establecidos en los artículos 167 o 168”.

El diputado Matías Walker, al ingresar este proyecto de ley señaló que la iniciativa busca “llevar a la práctica el mayor y más fundamental de los derechos que las víctimas de un delito como es ser oídas por el fiscal de la causa y para que esta diligencia sea oportuna y por lo tanto, eficaz, la audiencia debiera llevarse a cabo dentro de las 48 horas siguientes de la recepción de la denuncia por parte del fiscal, esto es, a más tardar dentro de los 4 o 5 días de denunciado un hecho que reviste caracteres de un delito”.

Agregó el parlamentario que con esta reforma “se evitaría la existencia de falsas denuncias que entorpezcan el trabajo realizado por los fiscales y responsabilizamos a la población en general, de que una vez que han sido víctimas de un delito, hagan un pequeño seguimiento ante la fiscalía, con el fin de cooperar con el Ministerio Público en su función investigadora y de ser oídas y protegidas en sus derechos”, concluyó el Diputado Matías Walker.