El Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al ministro de Justicia, Teodoro Ribera, encabezó hoy en el Palacio de La Moneda la firma del proyecto de ley que establece un nuevo Código Procesal Civil, que sustituirá al actual Código de Procedimiento Civil de 1903, y que constituye la columna vertebral de la reforma al Sistema de Resolución de Conflictos Civiles y Comerciales, que incluirá una serie de otros proyectos e iniciativas.
Al respecto, el Mandatario señaló que pese a las diversas modificaciones “hoy nuestro Sistema Procesal Civil no sólo se muestra superado por una sociedad mucho más compleja, exigente y tecnologizada, sino que además, en ciertas áreas está colapsado, por la enorme cantidad de causas que se tramitan, por los enormes tiempos que requiere cada una de las causas, por el bajo porcentaje de las causas que logran un fallo o una decisión definitiva”.
Detalló que “actualmente la extensión de un juicio ordinario puede durar hasta 8 años, y un juicio ejecutivo o sumario, normalmente no se resuelve antes de 2 años, y todos sabemos que la justicia, cuando tarda en exceso, deja de ser verdadera justicia”.
Añadió que “esta extrema lentitud no solamente limita el acceso, sino que provoca una enorme frustración en la población que recurre a los tribunales. De hecho, las encuestas muestran que la mitad de los chilenos siente que no tienen acceso a una justicia que resuelva realmente sus problemas”.
En esa línea, el Jefe de Estado planteó que “para buscar una solución civilizada a los conflictos se requiere una justicia que opere con las características propias de imparcialidad, pero al mismo tiempo, con la rapidez necesaria”, precisando que “a eso apunta el objetivo central de este proyecto de ley para crear un nuevo Código Procesal Civil que hoy día ingresa a tramitación en el Congreso Nacional y que nos va a permitir contar con una administración de justicia civil y comercial mucho más ágil, oportuna, transparente, ecuánime, simple, eficaz y a la altura de lo que los chilenos necesitamos y merecemos en este siglo XXI”.
Recordó que “desde hace más de una década, Chile ha venido haciendo un gran esfuerzo para modernizar su administración de justicia”, ya que “entre los años 2000 y 2004, se puso en marcha la Reforma Procesal Penal, una reforma que permitió garantizar un debido proceso a quienes eran inculpados de un ilícito penal”.
Agregó que “un año después se hizo la Reforma a la Justicia de Familia, que permitió contar con procedimientos más acordes y eficaces para responder y resolver disputas entre cónyuges o que emanan de relaciones filiales”, mientras que “el año 2009 llegó el turno de la Justicia Laboral, que permitió agilizar los procedimientos en que se ven involucrados trabajadores y empleadores, y, posteriormente, durante nuestro Gobierno impulsamos la reforma a la Justicia Militar, para limitar su campo y su extensión a aquel que le es propio, y la Justicia Vecinal, para resolver los conflictos que se dan en el ámbito local”.
En este marco, el Presidente Piñera subrayó que “hacía falta una gran reforma a nuestro Sistema Procesal Civil, que abarca la inmensa mayoría de los procedimientos judiciales que se tramitan en nuestros Tribunales de Justicia, y en los que de una u otra forma somos partícipes todos los habitantes de nuestro país. Y esa es, precisamente, la reforma que estamos comenzando a hacer realidad en el día de hoy”.
Por ello, realizó un sentido agradecimiento a quienes han formando parte de esta iniciativa. “Este proyecto es el fruto de un trabajo riguroso y serio en que han tenido una gran participación destacados miembros del Poder Judicial, distinguidos juristas, académicos y profesionales, muchas de las más prestigiosas universidades de nuestro país. En forma muy especial a los miembros de la comisión que elaboró este proyecto: los profesores Cristián Maturana, Raúl Tavolari y José Pedro Silva, y por supuesto al ministro de Justicia actual, al ex ministro de Justicia, Felipe Bulnes, que inició este trabajo, a la subsecretaria, que ha puesto en esto todo su talento, y a los funcionarios del Ministerio de Justicia”.
Asimismo, solicitó “a los miembros del Congreso Nacional, y también a los miembros del Poder Judicial, su más plena, entusiasta y oportuna colaboración para que esta reforma sea una realidad lo antes posible y podamos tener una justicia más accesible y más eficaz para todos los chilenos, como de hecho son las necesidades y las demandas de nuestros conciudadanos en esta segunda década del siglo XXI”.
PRINCIPALES CAMBIOS A LA JUSTICIA CIVIL
El Mandatario destacó que “el nuevo sistema reemplazará antiguos procedimientos, escriturados, rígidos y formalistas, por juicios mucho más breves, con mucho mayor contenido oral y más públicos, en los cuales los jueces tendrán una relación más directa con las partes, pudiendo conducir el proceso sin dilaciones indebidas y no justificadas, de forma tal de lograr una justa decisión del conflicto, adoptando para ello las medidas necesarias para su válido y eficaz desarrollo”.
Además, explicó que “este proyecto entrega las labores meramente administrativas a un ente distinto de la judicatura, bajo estrecha supervigilancia y control judicial. Ello permitirá a los jueces concentrar la mayor parte de su tiempo y esfuerzo en la única función en que son realmente insustituibles, que es la de juzgar las causas que son sometidas a su conocimiento e impartir justicia”.
En tercer lugar, el Jefe de Estado adelantó que “el nuevo procedimiento incorpora masivamente el uso de las tecnologías modernas de la información, estableciendo la digitalización de los expedientes, la posibilidad de realizar las notificaciones por Internet, sustituyendo así a los actuales expedientes de papel cocidos a mano y a las notificaciones presenciales, que muchas veces producen un tremendo retardo en el desarrollo de los juicios”, subrayando que con ello “se reducirá sustancialmente el tiempo y también los costos de la tramitación de los juicios, dando así acceso mucho más igualitario y eficaz a la justicia, especialmente a los sectores de menores recursos, que son los que se sienten más alejados y más discriminados por nuestro actual sistema de justicia civil”.
Finalmente, explicó que “este nuevo código establece un sistema procesal mucho más simple, puesto que reduce de más de 20 procedimientos que actualmente existen, a sólo 2, dejando a leyes especiales la regulación de otros procedimientos más específicos, como es el caso del arbitraje, la partición de bienes, juicios de arrendamiento y otros”.
